El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado de interferencia en las elecciones de 2020 por un gran jurado federal.
La acusación es la más reciente de varias investigaciones contra el exmandatario iniciadas luego de que dejara la presidencia en 2020 y se suma a la pendiente por los documentos clasificados que retuvo en su poder y el pago a una actriz de películas para adultos.
Ahora, Trump se enfrenta a cargos que pueden ir desde conspiración hasta obstrucción de la justicia. Si te quieres enterar de todo lee hasta el final.
La investigación del fiscal especial Jack Smith señala que Trump emitió numerosos falsos testimonios e incitó a los hechos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero de 2021.
“Por más de dos meses luego de las elecciones del 3 noviembre de 2020, el acusado esparció mentiras sobre un fraude que alteró el resultado de las elecciones y que en realidad él había ganado”, explica el texto donde se presentan los cargos.
Por ello, Trump deberá comparecer en Washington el jueves 3 de agosto a las 4:00 de la tarde.
Según los investigadores, el expresidente conocía que sus testimonios eran falsos y deliberadamente continuó emitiéndose para hacerlos pasar por legítimos y afectar en el proceso la confianza del público en el sistema electoral estadounidense.
El gran jurado federal señaló en la acusación que las acciones de Trump, incluida una campaña para presionar a legisladores a fin de revocar el resultado de las elecciones, dieron pie al asalto al Capitolio.
Por otro lado, el expresidente también está acusado de engañar a sus seguidores, insinuando que su entonces vicepresidente Mike Pence era capaz de anular el resultado de las elecciones.
La acusación incluye además a varias personas que presuntamente apoyaron los testimonios y afirmaciones del expresidente.
Aunque no aparecen en la lista de acusados (solo Trump tiene cargos en el texto), el comunicado del jurado federal señala a seis personas como conspiradores adicionales: cuatro abogados, un asesor político y un oficial del Departamento de Justicia (DOJ).
Los abogados habrían ayudado al magnate en su campaña, mientras que el oficial del DOJ habría intentado influir en las legislaturas y el asesor político habría tratado de plantar boletas de electores falsos.
Esto último fue enfatizado en la acusación, indicando que la conspiración de electores falsos en las elecciones falsas no tenía precedentes en la historia de Estados Unidos.
De acuerdo con los investigadores, un mes después de las elecciones grupos de partidarios de Trump en al menos siete estados firmaron certificados de votación falsos señalando que eran electores válidos y los enviaron al Congreso con el objetivo de obstaculizar el paso de poder a Joe Biden.
El plan fue detectado rápidamente por las autoridades, explica el texto, y se levantaron sospechas de que miembros del equipo de campaña de Trump estuvieran detrás de este orquestando las acciones.
Del total de partidarios que participaron en el plan, 16 fueron acusados de múltiples cargos por delitos electorales en Michigan, mientras que otros dos recibieron inmunidad a cambio de futuros testimonios en la corte.
De acuerdo con el texto de la acusación, Donald Trump enfrenta 4 cargos criminales que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión de aplicarse conjuntamente.
Dos de los cargos son por intento y obstrucción de un procedimiento oficial, así como conspiración para obstruir dicho procedimiento, señalando que Trump no reconoció oficialmente su derrota en las elecciones de 2020.
Otro cargo está referido a la conspiración contra los derechos, basado en una ley que prohíbe la intimidación, amenaza u opresión que evite el disfrute de los derechos descritos en la Constitución a cualquier persona, incluidos los de votación.
El cargo más importante es el de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, una acusación relacionada con los hechos posteriores a las elecciones y que suele utilizarse en casos similares a este cuando dos o más personas conspiran para violar las leyes del país.
Aun así, el defensor de Trump, John Lauro, criticó los cargos señalando que “nada de lo que se hizo estaba prohibido por la Constitución”.
Lauro agregó que los cargos son similares al reporte federal del 2021 tras los hechos del Capitolio y que su cliente emitió afirmaciones consecuentes con su discurso político mientras estuvo en la presidencia.
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