La administración de Joe Biden y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentaron el 24 de julio una demanda civil contra el estado de Texas.
Según el DOJ, la demanda está relacionada con la barrera flotante que ha desplegado el estado en el Río Grande como parte de sus estrategias para disminuir la entrada de migrantes.
La acción legal fue presentada en la corte de distrito federal de Austin y argumenta que la barrera, creada mediante la unión de varias boyas, fue construida y desplegada sin obtener permiso federal.
La procuradora general asociada, Vanita Gupta, señaló en el texto de 9 páginas que “esta barrera supone un peligro para la navegación y la seguridad pública. Además, su presencia ha provocado protestas diplomáticas de México y arriesga la política exterior de nuestro país”.
El conflicto sobre la barrera flotante comenzó a finales de junio e inicios de julio, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que instalaría las boyas en el río para desalentar la migración ilegal en la zona de Eagle Pass.
Las boyas, de entre 4 y 6 pies de diámetro, fueron unidas y ensambladas como parte de la operación estatal conocida como Lone Star.
Bajo esta iniciativa, las autoridades fronterizas y estatales comenzaron a instalar alambre de concertina en áreas usualmente cruzadas por migrantes ilegales, así como a arrestar cualquier indocumentado detenido en territorio texano.
Unos 27.000 extranjeros han sido transportados en buses fuera del estado hacia ciudades santuario y durante los últimos meses la política instaurada por Abbott ha atraído críticas tanto de los demócratas en New York, Chicago y Washington, como de la propia administración de Biden.
El gobernador de Texas ha sido objeto de escrutinio por diversas acciones que, según los analistas, podrían haber comprometido la salud de los migrantes, incluida la seguridad de los niños y las mujeres embarazadas en las zonas peligrosas del río o cruzando alambradas.
Ahora, la demanda del Departamento de Justicia señala aspectos tanto políticos como medioambientales para exigir la eliminación de la barrera flotante.
Por un lado, el DOJ indica que la presencia de las boyas supone un peligro humanitario para los migrantes que intenten cruzar el río e incluso para los agentes de la Patrulla Fronteriza que intenten prestar ayuda en el agua.
Por el otro, la demanda argumenta que al desplegar la barrera el estado de Texas entró en violación de la Ley de Ríos y Puertos, que prohíbe la obstrucción o colocación de barreras no autorizadas en el Río Grande.
En tanto, Abbott respondió a la acción defendiendo el estatus legal de la medida y las prerrogativas del estado para proteger su frontera, añadiendo que “nos vemos en la corte, Señor Presidente”.