Los costos del cuidado infantil en Estados Unidos podrían reducirse con una nueva propuesta de ley presentada recientemente por la vicepresidenta Kamala Harris.
La legislación busca disminuir el costo de este servicio mediante un límite al precio máximo exigible para los copagos a las familias del país con bajos ingresos.
Bajo el programa de Subvenciones en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG), la propuesta reduciría dichos pagos a no más del 7% de los ingresos anuales de la familia que los efectúa.
Actualmente, el CCDBG se ofrece a las familias con ingresos inferiores a la media estatal, y la nueva ley impulsaría a los estados a que eximan de los copagos a aquellas personas con ingresos menores al 150% del índice de pobreza federal.
Otros aspectos de la ley facilitarían el acceso al programa mediante la aceptación de aplicaciones en línea y permitirían que los hermanos de niños recibiendo los cuidados también sean elegibles siempre que sea posible.
Harris señaló que “ninguna familia debería tener que elegir entre un cuidado de calidad para sus hijos, renunciar a su carrera o llevar comida a su mesa”.
El programa sirve a 1.5 millones de familias en todo el país, y la Casa Blanca estima que de esa cifra unas 80.000 se beneficiarían con la aplicación de la propuesta de Harris, mientras que los proveedores de cuidados enrolados recibirían sus pagos con más exactitud y puntualidad que en la actualidad.
La vicepresidenta Harris ha expresado en múltiples ocasiones su interés de reducir los costos del cuidado infantil desde que su administración asumió el mando, aunque el Congreso no ha aprobado todas sus medidas para hacerlo.
Harris ha expresado que el costo de ese servicio no ha hecho sino aumentar desde en los últimos 18 años, sobre todo para las familias de bajos ingresos.
Según datos ofrecidos por agencias federales, en relación a sus ingresos, estas familias pagan cinco veces más que las de altos recursos y los copagos que realizan crecieron un 20% entre 2005 y 2021.
Se espera que la legislación no necesite presupuestos ni recursos federales adicionales y utilice los existentes una vez pase el periodo de un mes de revisión de su texto y se ponga en vigor en el primer tercio de 2024.