Cientos de extranjeros que han sido expulsados de Texas, Nuevo México y la Florida y que además son solicitantes de asilo, se están exponiendo al riesgo de ser expulsados de Estados Unidos.
Está situación implica un alto riesgo debido sobre todo a la desinformación que estos casos migratorios presentan, y ello se debe a que ignoran que deben de presentar cuanto antes, una constancia de su nuevo domicilio.
De no ser así, esto podría causarles que pierdan sus derechos de permanencia en el país norteño.
La abogada de Inmigración que ejerce en San Diego, California, Lilia Velázquez, ha dado a conocer públicamente sobre esta inusitada situación y advierte que:
“(…) las personas sacadas del estado donde fueron liberadas no están recibiendo suficiente información sobre sus casos migratorios, problema que agrava la situación de la frontera (…)”.
Esta problemática viene desde hace unos meses atrás, específicamente desde abril 2022, cuando se inició el traslado de extranjeros que fueron puestos en libertad por el gobierno federal en la frontera, bajo las órdenes del gobernador de Texas, Greg Abbott.
Todas estas personas pasaron por una prueba que consiste en una entrevista de “miedo creíble”, acudiendo después a una corte de inmigración, donde un Juez de Estados Unidos decide el futuro de ellos en este país, todo ello como parte del proceso de solicitud de asilo.
Se le suma que Alex Gálvez, abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California, hace saber y reitera lo que dicta la ley, que son los jueces quienes deciden qué persona migrante tiene derecho a recibir o no asilo en el país anglosajón.
Con respecto a los pazos mínimos, el abogado Gálvez señala que tiene constancia de que se están recibiendo Notificaciones de Comparecencia con tan solo dos semanas como plazo para que se presenten en el tribunal estas personas, lo que provoca que los traslados se vuelvan más riesgosos.
Y específica detalladamente Alex Gálvez, que el ciudadano que se encuentra en esta situación, para trasladarse entre un estado y otro, recorre cientos de millas, y lo más probable es que no pueda acudir a la audiencia, por lo que corre el riesgo de que el juez emita una orden de deportación en su ausencia.
En estos casos se hace muy complicado reabrir el expediente, aun cuando el juez conozca la situación y la entienda, pues reconsiderar el proceso es difícil porque ya tendría que asumir una asesoría legal para continuar con el proceso.
Y añade además Gálvez, que ni jueces ni fiscales se responsabilizan por la ausencia del inmigrante a la audiencia, ni tienen que averiguar las causas.
Pues ante esta situación, de no acudir a la cita, el tribunal da por hecho que la persona interesada abandonó su caso, y automáticamente recibe una orden de deportación por ausencia perdiendo así sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
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